Max Arias, presidente de Child Care Providers United (CCPU) y director ejecutivo de SEIU Local 99; Johanna Puno Hester, subdirectora ejecutiva de UDW/AFSCME Local 3930; y Riko Méndez, director electo de SEIU Local 521, emitieron la siguiente declaración en nombre de los 40,000 proveedores de cuidado infantil en California representados por CCPU después de que el Congreso aprobara un paquete de ayuda por COVID-19 de $900 mil millones:
“El financiamiento de este paquete de estímulo destinado a mantener abiertos a los proveedores de cuidado infantil es un pago inicial muy atrasado para satisfacer las necesidades que permiten que los padres trabajen, los niños aprendan y los proveedores permanezcan abiertos de manera segura. Estamos agradecidos de que los líderes del Congreso respondieran a las demandas urgentes de los proveedores de cuidado infantil y las familias para abordar los costos más altos del cuidado infantil, atender a los hijos de los trabajadores esenciales y otras necesidades sin precedentes que enfrentan los proveedores al educar y cuidar a los niños de California. Nos unimos a los trabajadores de primera línea y a los californianos que luchan por salir adelante para hacer un llamado por una inversión significativamente mayor para ayudar a los californianos que enfrentan el hambre, el desalojo, la desigualdad y unos riesgos increíbles en la primera línea contra el COVID-19.
California ha visto cerca de 6,000 proveedores cerrar sus puertas este año y CCPU ha hecho sonar la alarma sobre la necesidad de financiamiento y apoyo adicionales para evitar la destrucción total de nuestro sistema de cuidado infantil. Apenas la semana pasada, los proveedores presentaron una serie de propuestas al estado para subsanar de inmediato las brechas para mantener a los proveedores abiertos para las familias que necesitan cuidado infantil y extender las políticas estatales que se implementaron para estabilizar la industria. Los proveedores que han estado luchando heroicamente durante meses para mantener sus puertas abiertas no pueden esperar más para recibir ayuda; instamos al estado a acelerar esta financiación a los proveedores sin demora.
Durante los últimos 6 meses, los proveedores de cuidado infantil se han puesto el equipo de protección personal y han protestado públicamente con una urgencia creciente para pedir más apoyo a los líderes estatales. Mantener el sistema de cuidado infantil en funcionamiento requerirá fondos adicionales para los proveedores que apoyan a los niños en el aprendizaje a distancia, proporcionar paga a los proveedores cuando tienen que cerrar sus puertas después de una posible exposición, y avanzar de inmediato con los reembolsos prometidos en octubre, pero que aún no han sido pagados.
Cada día más hijos de trabajadores de primera línea pierden acceso al cuidado infantil. Cerca de 60.000 niños perdieron el acceso al cuidado cuando su proveedor se vio obligado a cerrar sus puertas a principios de este año. Nuestras enfermeras, trabajadores de supermercados y otros trabajadores esenciales no pueden permitirse perder el acceso al cuidado. El estado debe invertir seriamente no solo en la retención, sino también en los esfuerzos de reclutamiento para evitar que el sistema de cuidado infantil colapse por completo.
Así que, si bien este acuerdo marca un pequeño paso adelante después de meses de inacción, no es para nada suficiente para enfrentar la enormidad de la crisis que enfrentamos en este momento. Los líderes estatales deben actuar para que este dinero se desembolse de inmediato y dedicar recursos estatales adicionales para asegurarse de que todavía tengamos proveedores de cuidado infantil para apoyar a nuestros trabajadores de primera línea y apoyar nuestra recuperación económica”.